Bioleft

Agencia TSS – Cuenta la leyenda que un grupo de niños de una tribu sudafricana, a los que se les pidió que compitieran, se tomaron de la mano para llegar todos juntos a la meta para que la victoria fuese grupal. Al llegar dijeron “Ubuntu”, que significa “si todos ganan, tú ganas”. De ahí que Ubuntu haya sido el nombre elegido por los integrantes de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) para la primera variedad de semillas que desarrollaron y transfirieron a organizaciones de productores locales con una licencia de protección de código abierto, denominada Bioleft.

Se trata de una nueva variedad de la planta forrajera Melilotus albus, una leguminosa conocida como trébol de color blanco o alfa rusa, que a principios de mes fue entregada a representantes de la Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y a la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF), que distribuirá y multiplicará la semilla entre sus miembros de acuerdo con las normas acordadas en este sistema de propiedad intelectual ideado por un equipo de especialistas conformado por investigadores del CONICET que se desempañan en la Fundación CENIT/UNSAM.

“Bioleft quiere garantizar la libre circulación de germoplasma para asegurar el desarrollo de la investigación y el desarrollo, pero también para apoyar e incentivar el mejoramiento abierto y colaborativo”, explicó Anabel Marín, investigadora de CENIT/UNSAM, que lidera este proyecto que fue incubado junto al Centro STEPS América Latina, y destacó que “la idea es usar el mismo sistema de propiedad intelectual que hoy se usa para excluir, pero para liberar”. Por eso, esta iniciativa fue presentada durante Comunes, un encuentro internacional de economía colaborativa y cultura libre que se realizó por tercera vez consecutiva en Buenos Aires, entre el 15 y el 17 de agosto.

NUEVAS VARIEDADES DE SEMILLAS REGISTRADAS EN LA ARGENTINA (1980-2017)

Con ese fin, Bioleft incluye una parte legal (inspirada en las licencias creative commons o de código abierto que se usan, por ejemplo, para el software) que establece un contrato o acuerdo de transferencia con una cláusula que estipula que, cuando el material vegetal se transfiere, quien lo recibe no puede imponer restricciones de acceso para la investigación, desarrollo o registro de nuevas variedades, y que todos los derivados también deben transferirse con esa misma cláusula.

Además, el sistema contará con una plataforma web desarrollada con lenguaje de código abierto a cargo de la cooperativa de software Gcoop, que permitirá georreferenciar y registrar las transferencias que se hagan bajo estas licencias, para seguir la trazabilidad de las semillas transferidas y poder detectar casos en los que no se cumpla con el contrato. Además, permitirá recolectar información para facilitar el acceso a un soporte tecnológico y a procesos de mejoramiento colaborativo.

“El sistema se está abriendo y se irá adaptando a las demandas de quienes lo usen. Por ejemplo, nos dimos cuenta que los agricultores demandan acercamiento al sistema científico”, explicó Marín. Y agregó que, si bien actualmente están trabajando con mejoradores del sector público, como la FAUBA y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), también han comenzado a tejer alianzas estratégicas con representantes de organizaciones de agricultores y con actores que en general no tienen la posibilidad de encontrarse entre sí, puesto que en investigaciones previas sobre la industria local de semillas detectaron que uno de los mayores activos para el mejoramiento son las redes de experimentación. Además, el grupo forma parte de una red global de investigación sobre semillas abiertas.

Cosecha común

“Otra de las ventajas de Bioleft es que puede coexistir con cualquier sistema legal”, apuntó Marín. Esto es especialmente relevante para poder hacer frente a una tendencia mundial que avanza sobre el patentamiento de material genético y que en la Argentina ha generado un debate todavía abierto, ya que en la Argentina conviven dos regulaciones contrapuestas: una para patentes y otra para semillas. La primera restringe el acceso a estos bienes mientras que la segunda preserva el derecho del obtentor y de los investigadores que quieran estudiarlas o trabajar con ellas.

Esto es así porque la actual Ley de semillas (20.247) fue promulgada en el año 1973, cuando las que se cultivaban en el país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había permitido agregar partes de otros organismos dentro de ellas. Pero todo cambió con los avances de la biotecnología, que permitieron el desarrollo de cultivos transgénicos, que incluyen “eventos tecnológicos” que algunos consideran pasibles de ser patentados. La Ley de Patentes, por su parte, es mediados de los noventa (cuando ingresaban al país las primeras semillas de soja transgénica que cambiaron radicalmente el modelo agrario local) y permite registrar desarrollos que sean “inventos”.

De ese modo, en un laboratorio, a las variedades registradas (dentro de la ley de semillas) se les pueden incorporar modificaciones genéticas patentables –algo que, en general, solo está al alcance de las grandes empresas biotecnológicas debido a la complejidad y costos del proceso– y, dada la materialidad de estos bienes, el dueño de la patente se estaría apropiando –de manera indirecta– de los otros miles de genes que componen a la semilla, entre los cuales también se encuentran los del fitomejorador que logró estabilizar la variedad registrada y el trabajo de miles de años de campesinos que fueron seleccionando las mejores semillas, cosecha tras cosecha.

“Si se limita el acceso a las semillas, no solo se restringe el acceso al insumo principal para producir gran parte de los alimentos, sino también a la gran fuente de información y materiales necesarios para desarrollar nuevas características que se requieren todo el tiempo para enfrentar los problemas del sistema agrícola, como la adaptación al cambio climático, a enfermedades e, inclusive, para el ejercicio de distintos tipos de agricultura”, sostuvo Marín. La especialista advirtió que, desde que comenzó a implementarse el patentamiento de semillas, su libre intercambio dejó de ser una práctica usual y generó una gran concentración del mercado, puesto que patentar es complejo y costoso.

“Entre cuatro y cinco empresas concentran el mercado mundial de semillas”, dijo la especialista, y advirtió que, en el caso particular de la Argentina, la participación de empresas locales en este sector también está disminuyendo, particularmente la del sector público. “Por eso es urgente pensar en cómo enfrentar esto con alguna propuesta alternativa”, dijo. Y concluyó: “El modelo actual tiende a destruir la diversidad, mientras que el de código abierto se apoya en ella y la usa como fortaleza. En el pasado, las semillas siempre se trabajaron con una lógica de bienes comunes. Proponemos volver a esa lógica con el apoyo de nuevas tecnologías”.