Bioleft

Agencia TSS – Con casi 300 organizaciones sociales, ecologistas, campesinas e indígenas en contra y muy lejos de contar con un consenso esperado, los diputados que responden al oficialismo le dieron mayoría a un proyecto de reforma de la actual Ley de Semillas (20.247), del cual se desconocía su letra hasta que se votó este martes 13 en un plenario de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación. Entre los puntos controversiales más relevantes, elimina el “derecho de uso propio” de las semillas por parte de los agricultores y permite que las empresas cobren regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar las semillas sujetas a derechos de obtentor que ellos mismos hayan cosechado.

“El dictamen es en base a un borrador que estuvo circulando desde hace unas semanas pero que, hasta el momento de sentarse, los legisladores no sabían cuál era el texto. De hecho, el lunes por la noche había circulado otra versión que había mandado oficialmente la Comisión de Agricultura”, le dijo a TSS la investigadora del CONICET Tamara Perelmuter, representante de la Multisectorial contra la ley Monsanto-Bayer de semillas, y agregó que estas irregularidades en el proceso “refuerzan el argumento que sostuvimos desde las organizaciones: que la negociación se hizo a puertas cerradas, a espaldas de las asociaciones y también de la gran mayoría de los legisladores, que no conocían el texto de lo que se estaba negociando ni lo que tenían que votar”.

También llama la atención la urgencia con la que se decidió cerrar este proceso de discusión, que lleva al menos dos décadas de controversias sobre cómo modificar la actual normativa, que fue promulgada en 1973, cuando las semillas que se usaban en el país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había estandarizado métodos para agregar partes de otros organismos dentro de ellas, algo que hoy se conoce como “evento” tecnológico y que en el país es pasible de ser patentado según la Ley de Patentes (24.481), vigente desde mediados de los años noventa en coincidencia con el ingreso al país de las primeras semillas de soja transgénica, que cambiaron radicalmente el modelo agrario local.

Para Carla Poth, doctora en Ciencias Políticas y también integrante de la multisectorial, el apuro puede estar vinculado con lo que califica como un “cansancio extremo por parte de las grandes empresas monopólicas que están presionando desde hace tiempo por una regulación que les permita obtener mayores regalías”, pero que también puede estar impulsado por la próxima reunión del G20 que se desarrollará en Buenos Aires el 30 de noviembre, de la que participarán gran parte de las empresas interesadas en que se reforme la actual ley. “Tener un marco jurídico en acuerdo con lo que estas empresas quieren es la mejor forma de mostrarse en la vidriera del G20”, destacó la especialista.

Hace apenas dos meses, en la Comisión de Agricultura de Diputados le dedicaron cuatro sesiones especiales a este tema sin llegar a un acuerdo. Allí se presentaron y debatieron cinco proyectos de ley (tres del oficialismo; uno del diputado santafesino Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, y otro elaborado por la Federación Agraria Argentina) y un centenar de actores de distintos sectores involucrados manifestaron sus necesidades y preocupaciones.

Sin embargo, el proyecto final del oficialismo, que no se conoció hasta el martes, no hace referencia a muchas de las cuestiones que allí se expusieron. “No es un proyecto de modificación total de la ley, son parches de algunos artículos que se nota que tienen que ver con negociaciones para dejar contentos a distintos sectores”, aclaró Perelmuter pero advirtió que no dejó a todos conformes porque, por ejemplo, la noche anterior al debate la Federación Agraria Argentina (FAA) sacó un comunicado en el cual dicen que no están de acuerdo con ese proyecto ni con apurar los tiempos.

Uno de los aspectos más controversiales en este debate es el denominado “derecho de obtentor” o “de uso propio” de las semillas, que la ley actual reconoce como tal pero que, por el contrario, el proyecto que acaba de pasar a recinto convierte en excepción para algunos productores. En particular, para “los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y los pueblos originarios que, en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional, intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación”, tal como detalla el artículo 27 del dictamen.

“Otro de los debates era el tema del orden público, que determina si pueden haber o no disposiciones que estén por fuera de la ley, que la contradigan. La ley actual no es de orden público y por eso las entidades de productores, sobre todo la FAA, pedían que lo sea, porque eso impediría los contratos bilaterales que le permiten a Monsanto cobrar regalías extendidas, aunque la ley lo prohíbe”, explicó Perelmuter y destacó que en el proyecto aprobado sólo se logró que algunos artículos sean de orden público. “Llamativamente, el artículo 27, que es el que tiene las excepciones, no lo es. Es decir, que podría haber disposiciones que contradigan las excepciones”, alertó.

Concentración sin innovación

Las semillas son imprescindibles para la producción de alimentos. Algunos las consideran patrimonio de la humanidad, mientas que para otros son insumos productivos o el producto final a comercializar. De uno u otro modo llegan a todos los ciudadanos a través de los alimentos que se consumen a diario. Por eso, afirma Poth, “esta medida no solo impactará en los productores agrícolas que intenten intercambiar, usar y resguardar la semilla, sino que también vamos a tener las consecuencias de la aprobación y reforma de esta ley en el plato que comemos cada día. Si le decimos a las grandes corporaciones que pueden controlar cuáles son las semillas que se van a usar para la producción, les estamos diciendo que nos pueden decir qué tenemos que comer”.

Para Perelmuter, “necesitan esta ley para terminar de profundizar su modelo, para que sea imposible o ellos entienden que así se vuelve imposible producir o hacer agricultura de formas distintas a las hegemónicas del agronegocio, para que no puedan circular las semillas de manera libre y no sirvan para la agroecología”. Y agregó: “Lo que estamos discutiendo no es un problema técnico sino político, sobre qué modelo agrario queremos y para qué proyecto de país”.

Al respecto, el ingeniero agrónomo especializado en cuestiones ambientales Walter Penque destacó que la agroecologia plantea un cambio de paradigma en un sector agrícola mundial que actualmente está en crisis. “Hasta Naciones Unidas afirma que el sistema alimentario mundial está quebrado y es insostenible, que es necesario buscar otros caminos. La agroecología es una alternativa viable desde el punto de vista social, ambiental, económico y productivo” afirma el especialista, que la semana próxima, en el marco de diversas actividades frente a la reunión del G20, presentará los libros Agroecología, Ambiente y Salud y el Atlas del Agronegocio 2018.

“En los últimos 60 años, se destruyeron las tres cuartas partes de las semillas que crearon las campesinas y campesinos en 10.000 años”, dijo Carlos Vicente, coordinador de Grain en América Latina y miembro del grupo argentino Acción por la Biodiversidad. “La pérdida de patrimonio y recursos genéticos es muy fuerte, Naciones Unidas lo ha dicho y nosotros como científicos tenemos que alertarlo”, coincidió Pengue y destacó que las universidades públicas tienen una responsabilidad “enorme” en esto, puesto que en ellas hay biotecnólogos y especialistas de otras disciplinas “que pueden ser útiles a la sociedad trabajando en estos temas y no corriendo detrás de las patentes ni protegiendo sus laboratorios: los laboratorios están al servicio del pueblo, tenemos que producir información para mejorar las condiciones de vida”, dijo.

“Con este tipo de leyes, le estamos dando a las grandes empresas la oportunidad de que obtengan más renta, que desplacen a otros y que pongan en riesgo las capacidades de actores independientes y del sector público para hacer investigación y desarrollo”, sostuvo la investigadora Anabel Marín, que actualmente coordina el desarrollo de una iniciativa interdisciplinaria de código abierto para las semillas, denominada Bioleft, y afirma que no hay evidencia clara de que los derechos de propiedad intelectual más duros lleven a mayor innovación, pero sí hay evidencia contundente de que en países adonde esos derechos son más restrictivos hay mucha más concentración de los recursos, con todos los riesgos que eso acarrea, como menor cantidad de actores haciendo investigación y de generar diversidad. En la Argentina, “la superposición entre los marcos legales de patentes y semillas le ha dado a las empresas la posibilidad de tener más poder de negociación”, dijo Marín. Y concluyó: “Los efectos que vemos hoy son los coletazos de un sistema mundial con mayores derechos de propiedad intelectual, con una creciente participación de unas pocas empresas que tienen mayor poder de negociación frente a actores locales que ven disminuida esa capacidad”.